Un hotel comprado con 3 millones de dólares en efectivo. Una sociedad que nació con $100.000 de capital y terminó con un patrimonio de 12,1 millones de pesos. Valle Mitre, una empresa que pasó de administrar un restaurante a pagar 40.000 dólares por mes por gerenciar el hotel de un presidente. Los Sauces, la empresa de los Kirchner, que facturó casi $26 millones en alquileres, pero el 88% de sus negocios los hizo con empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. Esos son algunos de los datos con los que la fiscalía sostiene, en las causas Hotesur y Los Sauces, que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner lavaron, a través de sus hoteles y propiedades, parte del dinero que Báez, López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Sousa, habrían obtenido irregularmente del Estado. La expresidenta, presa en su casa y condenada por el caso Vialidad a seis años de prisión, y el diputado nacional serán juzgados a partir del próximo viernes por los jueces José Michilini, Andriana Paliotti y Frenando Machado Pelloni del Tribunal Oral Federal 5 por el caso Los Sauces. El fiscal será Diego Velasco y se trata del primer juicio en el que Máximo Kirchner se siente en el banquillo.Pero, antes, la Cámara Federal de Casación decidiría la reunificación del caso Los Sauces con el caso Hotesur, que fueron separados por una decisión del tribunal oral en septiembre pasado. Ambos juicios se harían en simultáneo. Lo están analizando los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. La reconstrucción de la acusación que realizó Mario Villar, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuando pidió la reunificación, resume la evidencia contra los 19 acusados.El dinero, según la fiscalía, salía del Estado, pasaba por las empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, entraba como alquiler a los hoteles y departamentos de los Kirchner y terminaba en las cuentas de los integrantes de la familia presidencial. Con ese circuito se convirtieron fondos públicos en ingresos de apariencia legal, concluye la acusación.Dentro de cada grupo empresario, ese dinero se giraba a una compañía “puente” que no tenía actividad suficiente para justificarlo, pero que era la que firmaba los contratos con los Kirchner. Esas compañías alquilaban hoteles y departamentos de Hotesur SA y Los Sauces SA, las sociedades de la familia. El pago entraba como canon locativo, con factura y contrato.El retorno se concretaba cuando, desde Hotesur y Los Sauces, el dinero pasaba al bolsillo de los socios (los Kirchner) como retiros, honorarios, sueldos o pago de gastos personales.Para los fiscales, el paso clave es el alquiler, que le da una explicación legal a un dinero que, en su origen, había salido del Estado.Según la acusación, entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016 funcionó una asociación ilícita estable, con roles definidos, que tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner. Máximo Kirchner figura como organizador, junto con Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares, entre otros.El esquema, dicen los fiscales, tenía dos tiempos. Primero, los grupos Báez e Indalo se quedaban con fondos públicos a través de la obra pública y otros negocios con el Estado. Después, una parte de ese dinero volvía a la familia Kirchner como pagos supuestamente legítimos: alquileres de hoteles y departamentos, compras de propiedades, préstamos y mejoras en los establecimientos. Los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña habrían armado las sociedades y los poderes; el contador Manzanares, el andamiaje contable, y el empresario Sanfelice habría operado como gerente de todo el entramado.La inmobiliaria de la familia Kirchner facturó entre 2009 y 2016 25.968.042,30 de pesos en concepto de alquileres. El 88% de ese dinero provino de empresas de Báez y del Grupo Indalo.En el caso de Báez, la acusación señala que el dinero provenía de la obra pública vial adjudicada a sus empresas en Santa Cruz, que fue juzgada en la causa Vialidad, donde la expresidenta y el empresario fueron condenados por administración fraudulenta. Austral Construcciones, la principal constructora del grupo, es la que más dinero aportó al circuito.En el caso del Grupo Indalo, la acusación sostiene que también se apropió de fondos del Estado nacional, y el dictamen vincula ese origen con el expediente de Oil Combustibles, la petrolera de López y De Sousa.Para que el esquema funcionara, la familia primero necesitó tener qué alquilar. Según los fiscales, Báez y el Grupo Eskenazi aportaron la liquidez para comprar los hoteles, unos US$10 millones. Austral Construcciones le prestó a Néstor Kirchner $8.329.596,50 en diciembre de 2007 y le compró nueve propiedades por $3.603.500. Epelco SA, del mismo grupo, le compró el 14 de enero de 2008 un terreno en Río Gallegos por $3.170.000. Las propiedades de la provincia de Santa Cruz que la familia Kirchner había comprado a valores fiscales, se vendieron a precios 40 veces mayores. El Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, le prestó entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2008 $10.277.933,82 a Néstor, Máximo y Cristina Kirchner.Con esos fondos se adquirieron los dos hoteles de Hotesur. El 12 de febrero de 2008, Máximo Kirchner, en representación de su padre, pagó US$700.000 por la hostería Las Dunas, que tenía 12 habitaciones y, tras una ampliación, terminó con 47, un restaurante para 200 personas y un centro de negocios.El Alto Calafate, que no estaba en venta, se compró en noviembre de 2008. Néstor Kirchner le encargó a Patricio Pereyra Arandía sondear a sus dueños. Sanfelice, su socio y hombre de confianza, cerró la operación por las acciones de Hotesur SA. El boleto se firmó en una sucursal del Banco Santander Río en la calle 25 de Mayo y se pagó con US$3.168.000 en efectivo y US$1.632.000 transferidos desde el Banco de Santa Cruz.Valle Mitre, de Báez, fue la empresa puente en Hotesur. Hasta 2008 solo administraba un restaurante y facturaba $430.095,80 por año. Con esos ingresos no podía pagar el alquiler de dos hoteles. Por eso, según la fiscalía, otras empresas de Báez que eran contratistas del Estado le giraron dinero: solo Austral Construcciones le transfirió $70.949.170,95, y también aportaron las empresas Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, La Estación, Don Francisco y otras.Para justificar esas transferencias, las empresas del grupo simularon contratarle habitaciones y salones de los propios hoteles, servicios de consultoría y marketing, y hasta la construcción de un complejo turístico, un rubro en el que Valle Mitre no tenía experiencia ni personal.El mismo papel cumplieron Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, en Los Sauces, según la fiscalía. Inversora M&S recibió más de $50 millones de la constructora CPC y más de $3000 millones de Oil Combustibles, donde trabajaba Romina Mercado, sobrina de la expresidenta. Álcalis recibió por vía indirecta $124 millones de otras firmas del grupo; allí figuraba como empleado Sanfelice. Con ese dinero, las empresas le pagaban a la familia Kirchner.En el caso Hotesur, Valle Mitre se hizo cargo del Alto Calafate en noviembre de 2008 con un contrato de US$80.000 más IVA por la locación y US$40.000 mensuales por la explotación, más US$100.000 por única vez. En 2011 lo reemplazó con otro de $469.272 por mes. Por Las Dunas pagó $177.172 mensuales entre marzo de 2010 y mayo de 2013: $6.909.708 en total. En julio de 2013, cuando la relación de los Kirchner con Báez ya era pública, Hotesur le pasó la gestión del hotel a Idea SA, de Sanfelice.El dato que la fiscalía considera revelador es que el negocio no cerraba: Valle Mitre recibió $86.566.062 mientras manejó los hoteles y terminó con una pérdida de $6.179.286,35. Una empresa que pierde plata pero sigue pagando un alquiler alto, sostienen los fiscales, no está haciendo un negocio hotelero: está transfiriendo dinero.En el caso Los Sauces, la inmobiliaria de la familia facturó entre 2009 y 2016 un total de $25.968.042,30 en alquileres. Por ejemplo, el Grupo Indalo le pagó $18.554.725,76 por departamentos, cocheras y bauleras en los edificios Juana Manso y Dique, del complejo Madero Center, en Puerto Madero.Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones, de Báez, pagaron $4.014.926,97 por los edificios de Alvear 391 y Moreno 882, en Río Gallegos. Mitre e Idea pagaron $3.398.389,57 por el hotel La Aldea del Chaltén.El último tramo fue sacar el dinero de las sociedades. Gracias a esos alquileres, el patrimonio neto de Los Sauces pasó de los $100.000 con que se constituyó a $12.122.430,26, un salto de más de 12.000%.De allí, la familia Kirchner retiró más de $10 millones como “devolución de créditos”, honorarios de directores, sueldos o pago de gastos personales, sin las asambleas ni los plazos que exige la ley para repartir dividendos.Desde la cuenta de Néstor Kirchner, él y luego sus herederos retiraron $4.625.260,52: Cristina Kirchner retiró $2.095.426,67; Máximo Kirchner retiró $2.492.415,69 como pago de gastos propios y honorarios de director, y Florencia Kirchner, hoy sobreseída, retiró $883.293,07 y cobró $874.871,12 como empleada.En Hotesur ocurrió lo mismo: las acciones estaban a nombre de Néstor y Máximo Kirchner y, tras la muerte del expresidente, quedaron en manos de Máximo, Florencia y Cristina. Los socios dispusieron del incremento patrimonial sin asambleas ni reuniones de directorio.Para la fiscalía, la estructura tenía como jefes a Néstor y Cristina Kirchner; Máximo Kirchner era su organizador y quien, en algunas operaciones, representaba al grupo familiar. Sanfelice habría sido el gerente de todo el entramado: fue directivo, accionista, empleado o apoderado de Hotesur, Los Sauces, Idea, Negocios Patagónicos, Negocios Inmobiliarios y Álcalis de la Patagonia. El contador Víctor Manzanares habría armado la estructura contable y los escribanos Ricardo Albornoz y Jorge Ludueña, las sociedades y los poderes.En Los Sauces, los fiscales le imputaron a los acusados los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, Cristina y Máximo Kirchner están acusados de lavado de activos. La asociación ilícita no se volvió a imputar en ese tramo para no juzgarlos dos veces por el mismo hecho.Ese es uno de los argumentos con los que la fiscalía sostiene que los dos casos deben ir juntos, pues once acusados comparten ambos expedientes y la misma prueba documental.